Trámite mediante el cual la persona propietaria, desarrolladora, vendedora, la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, la persona delegada, la presidencia o representación de la Asociación Civil y/o la persona representante de las y los colonos del asentamiento irregular correspondiente, solicita la determinación de viabilidad para la regularización de la tierra, con la finalidad de obtener la seguridad jurídica de su patrimonio, conforme a los requisitos del Programa Estatal de Regularización de Asentamientos Humanos por la vía del Decreto de Expropiación.